Ciudad de México, octubre 2021.- Por una Soberanía Energética limpia y popular que nos cuide a todas y todos. El falso dilema entre proteger la soberanía nacional o beneficiar al sector privado no debe ser la prioridad en el debate energético actual. El tema de fondo tiene que ser la garantía y exigibilidad del derecho humano de las y los mexicanos a un medio ambiente limpio, sano, seguro, sostenible.
Este 2021, las y los mexicanos hemos sido testigos como nunca –y, en muchos casos, víctimas directas— de los efectos del cambio climático. Sequías, huracanes cuya intensidad aumenta en cuestión de horas e inundaciones catastróficas. Estas catástrofes afectan a miles de familias, con un mayor impacto para las que menos tienen. México no es un caso aislado: en todo el mundo estamos sufriendo las consecuencias de la falta de acción contundente y prioritaria para disminuir los impactos del calentamiento global.
Este posicionamiento quiere llamar la atención a las y los legisladores y a la sociedad mexicana, a informarse, ser conscientes y responsables con la emergencia climática y rechazar la propuesta de reforma eléctrica por las siguientes razones:
BLOQUEA
No solo se trata de un simple cambio de leyes secundarias. Al cambiar el texto constitucional, la reforma bloquea cualquier posibilidad de construir una transición energética en México. Debemos transitar, desde un modelo energético basado en la explotación prioritaria de energías fósiles, hacia un sistema eléctrico que priorice la inversión, tanto pública como privada, en fuentes energéticas más limpias. Los retos climáticos y ambientales de nuestra generación demandan la alianzas entre todos los sectores. Un modelo monopólico y centralizado no facilitará el acceso a energías con precios justos y, sobre todo, no posibilitará la generación de energía distribuida de manera local.
NO NOS PERMITE AVANZAR
La reforma energética que se plantea no nos permite avanzar en las metas climáticas que hemos asumido como país. La generación de electricidad es hoy la actividad que más dióxido de carbono (CO2) emite en México, por encima de las industrias y el transporte.[1] Con la eliminación de los contratos otorgados a partir de subastas de energía más limpia y de los Certificados de Energía Limpia (CELs), el país se queda sin los incentivos para generar energía más limpia y reducir emisiones a la escala que demanda la gravedad de la situación actual.
NOS PONE EN RIESGO
Para generar electricidad, la CFE depende en su gran mayoría de plantas termoeléctricas que funcionan a base de carbón, combustóleo y gas natural, con altas emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y altos niveles permanentes de mala calidad del aire, especialmente en el Valle de México. Esto afectará sensiblemente a la salud pública
Otorgar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el control del sector eléctrico mexicano y ponerla a cargo de la ejecución de la Transición Energética en el país es un riesgo, dados los antecedentes de ineficiencia, obsolescencia, falta de transparencia y rendición de cuentas de dicha institución.
Rechazamos esta reforma eléctrica y cualquier otra medida de política pública que partidice o polarice el tema ambiental, el cual debe ser una prioridad transversal, por tratarse de una emergencia nacional y global para la humanidad.
NUESTRO DERECHO COMO PUEBLO DE MÉXICO
DESDE EL TERCER SECTOR, LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, APARTIDISTAS, SIN FINES DE LUCRO E INDEPENDIENTES, LLAMAMOS A LAS Y LOS LEGISLADORES A REPLANTEAR Y CORREGIR ESTA INICIATIVA POR EL BIEN COMÚN, POR UN MEDIOAMBIENTE SANO, POR LA SALUD PÚBLICA, POR NUESTRO FUTURO Y POR LA EMERGENCIA CLIMÁTICA PRESENTE QUE YA ESTÁ AFECTANDO PRIMERO A LAS PERSONAS QUE MENOS TIENEN.
