Artículo de Opinión
El caso de Evangelina López Guzmán, una mujer que lleva años luchando por recuperar lo
que en derecho le corresponde, se ha convertido en un ejemplo doloroso de cómo la Ley
puede ser usada como arma para desgastar, retrasar y, en los hechos, negar justicia.
No se trata de simples demoras burocráticas; hablamos de una estrategia bien orquestada
en la que han participado abogados Panistas de alto perfil, todos ellos con vínculos políticos
y capacidad de maniobra en los tribunales.
Abogados que torcieron el proceso
Los nombres son claros: Eduardo Romero Ramos, Diego Fernández de Cevallos, Marco
Antonio del Toroi carazo, Fernando Gómez-Mont Urueta y Luis Alfonso Cervantes Muñiz.
Cada uno, desde su trinchera, ha contribuido a una cadena de irregularidades que
mantienen el caso estancado.
Eduardo Romero Ramos, habría intervenido de forma directa en maniobras legales que
buscaron invalidar pruebas clave y presentar recursos con el único fin de prolongar el litigio.
Su actuación ha sido señalada por privilegiar el desgaste sobre la resolución de fondo.
Diego Fernández de Cevallos, figura histórica del PAN y abogado litigante, ha sido vinculado
a la estrategia de dilación, aprovechando su influencia para conseguir resoluciones
judiciales que han paralizado por meses el avance del expediente. Más que defender un
punto legal legítimo, su intervención se percibe como un ejercicio de presión política
disfrazada de defensa técnica.
Marco Antonio del Toro Carazo, aunque no figura inicialmente, su perfil profesional y su
modus operandi sugieren una influencia indirecta que no puede pasarse por alto. Es
ampliamente conocido por defender a personajes polémicos como Elba Esther Gordillo,
Javier Duarte y Napoleón Gómez Urrutia, cultivando una reputación profesional que se
alimenta de litigios de alto perfil.
Fernando Gómez-Mont Urueta, ex Secretario de Gobernación, habría articulado parte de la
defensa basada en tecnicismos procesales, no para esclarecer la verdad, sino para impedir
que el caso llegara a una resolución definitiva. Recursos innecesarios, objeciones reiteradas
y solicitudes de prórroga han sido parte de este repertorio.
Luis Alfonso Cervantes Muñiz, quien en algún momento representó a la propia Evangelina,
está señalado por un acto particularmente grave: presentar escritos en los que
supuestamente su clienta desistía de acciones legales, sin que ésta hubiese dado tal
autorización. Una maniobra que no solo traiciona la confianza de su representada, sino que,
de confirmarse, podría encuadrar en responsabilidades penales y éticas severas.
