Héctor Acosta Félix, señalado por persecución política y encubrimiento, enfrenta ahora indagatorias federales que ponen en riesgo su reelección.
El nombre de Héctor Acosta Félix, Auditor Superior del Estado de Chihuahua, vuelve a encender las alertas nacionales. Mientras el Congreso local se prepara para reelegirlo con el apoyo de la gobernadora María Eugenia Campos, el funcionario enfrenta investigaciones activas de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que revisan su conducta en los últimos siete años.
Documentos a los que se tuvo acceso confirman que ambas instituciones federales analizan presuntos actos de encubrimiento dentro del Gobierno estatal, así como su posible participación en la fabricación de expedientes contra adversarios políticos. El alcance de estas indagatorias no se limita al aspecto administrativo, sino que abarca decisiones clave en materia de fiscalización, dando a este caso un matiz judicial y político de alto impacto.
Uno de los puntos que detonó el escrutinio federal es la llamada “Auditoría Forense a la deuda pública 2021”, impulsada directamente por Acosta Félix. A pesar de que la empresa López Elías Finanzas Públicas, S.C., encargada del refinanciamiento de la deuda estatal en 2019, ya había sido auditada previamente sin detectarse irregularidad alguna, el auditor ordenó una nueva revisión enfocada exclusivamente en ese despacho. Especialistas advirtieron que repetir una auditoría sobre los mismos hechos podría vulnerar el principio constitucional que prohíbe investigar dos veces un mismo acto.
El informe forense, además, se construyó sobre una premisa considerada débil e improcedente: asumir que la ausencia de un documento en la Secretaría de Hacienda implica que el proveedor no cumplió con su trabajo. Esta conclusión, calificada como “insostenible” por expertos, encendió aún más las alarmas dentro de los órganos federales de supervisión.
A ello se suma un elemento de mayor trascendencia legal: conforme al artículo 79 de la Constitución federal, las auditorías sobre recursos relacionados con Participaciones Federales son competencia exclusiva de la ASF. No obstante, la Auditoría Superior del Estado se involucró directamente en ese campo, invadiendo facultades federales y vulnerando el principio de legalidad. El documento elaborado tampoco tomó en cuenta el Decreto de Autorización aprobado por el Congreso de Chihuahua para el refinanciamiento de la deuda, una omisión indispensable para el análisis de legalidad.
El cúmulo de inconsistencias técnicas y omisiones normativas llevó a que la ASF y la FGR abrieran investigaciones formales sobre el desempeño de Acosta Félix y sobre los posibles errores sustantivos del informe forense. A pesar de ello, el Congreso sigue avanzando en la ruta de su reelección, lo que especialistas consideran un movimiento políticamente riesgoso.
Analistas advierten que los legisladores podrían enfrentar consecuencias institucionales si ratifican a un funcionario cuya gestión está bajo revisión federal. De confirmarse irregularidades graves, Acosta Félix podría terminar destituido en un escenario posterior, agravando el conflicto entre los órganos de fiscalización y profundizando las dudas sobre la independencia y credibilidad del sistema de control estatal.
En medio de este contexto, el intento de reelección se ha convertido no solo en un debate técnico, sino en un reflejo de las tensiones políticas que atraviesan Chihuahua. Mientras las indagatorias federales avanzan, la permanencia del Auditor Superior podría convertirse en un factor de inestabilidad para el sistema de rendición de cuentas del estado.
